Y los demás ¿qué ponen?

Antes de que finalice este mes conoceremos las líneas maestras del diálogo social, esa característica española que adquiere ahora gran relevancia para abordar el debilitamiento creciente de la actividad económica, así como los riesgos de una inflación de segunda ronda si al alza del petróleo y de los alimentos le siguen los salarios.

El recurso habitual a la concertación social es uno de los vectores positivos que explican el éxito español en los últimos treinta años. Desde los Pactos de la Moncloa en 1977, el consenso político que hizo posible la transición a la democracía en España se vio correspondido en el terreno social por la negociación entre empresarios y trabajadores.

El diálogo social ha sido, esde etonces, tan habitual en nuestro país y ha desplegado tanta fuerza, que ha llegado a plantear dudas sobre su encaje en el sistema democrático. Me explico. No me refiero al típico recurso de la oposición que critica al Gobierno por eludir sus responsabilidades escondiéndose tras «el burladero» del diálogo social cuando anuncia que no hará nada en ciertas materias si no es con apoyo de los interlocutores. No. Me refiero al problema de quién tiene la legitimidad para acordar asuntos como la legislación laboral, las pensiones públicas o algunas otras reformas administrativas.

Todos aceptamos que la soberanía nacional reside en el Parlamento como esencia de la democracia. Y que es indivisible. De hecho, ésta es la razón principal por la que se rechazó el primer Plan Ibarretxe y se rechazará su ley de consultas. La soberanía no es troceable en términos geográficos por lo que no hay soberanía vasca, catalana o riojana. Pero, ¿lo es en términos sectoriales? ¿Hay asuntos legislativos sobre los que deciden otros que no son los parlamentarios? Cuando un texto legal, pactado entre empresarios y sindicatos, llega al Parlamento, ¿se tiene que aprobar sin enmiendas? ¿Hay cesión de un trozo de soberanía en manos de los interlocutores sociales? ¿Debe el Parlamento limitarse a ratificar lo acordado fuera de él por otros que no rinden cuentas a los ciudadanos? Afortunadamente, estos debates han ido reduciéndose conforme hemos ido madurante en el juego democrático. Así, ya nadie cuestiona la capacidad suprema del Parlamento para adoptar todas las decisiones legislativas sobre todas las materias, pero tampoco nadie duda de que determinados asuntos es mejor acordarlos con los afectados. Las reformas y los cambios son tanto más eficaces cuanto más aceptados son por aquellos a quienes van dirigidos.

La experiencia del diálogo social nos ha acostumbrado a otro hecho importante: a mantener un cierto equilibrio ene l reparto social de costes y de beneficios, a pesar de que subsista la desigualdad fundamental entre quienes sondueños de los medios de producción y quienes sólo son dueños de su fuerza de trabajo. Es es especialmente significativo cuando atravesamos turbulencias económicas de intensidad variable. Si maramos el contenido de aquellos Pactos de la Moncloa tan loados por todos, es cierto que se incluyó  la congelación salarial en forma de crecimiento de la masa bruta en línea con la inflación prevista. Pero no es menos cierto que también se acordó la aprobación del primer IRPF global, personal y progresivo de la historia de España junto al Impuesto de Patrimonio y al de Sucesiones, así como un conjunto de cambios en las políticas públicas del Gobierno. Es decir, hubo un reparto equitativo del esfuerzo y de los sacrificios entre trabajadores, empresarios y gobierno.

De entonces acá, las cosas han ido evolucionando de manera desigual. En particular, desde 1994 la evolución de los salarios en España ha sido modélica y más de un tercio de los contratos laborales son temporales, sin casi coste de despido. Junto a eso, los beneficios empresariales han batido récords en un contexto de reducciones impositivas acusadas que no han impedido los primeros superávits presupuestarios de la democracia, a pesar de la distancia en gasto social con los primeros países de la zona euro.

Ahora se sigue demandando que los trabajadores contribuyan al acuerdo con moderación salarial, mayor flexibilidad en el mercado laboral y prolongación de la edad de jubilación. El presidente Zapatero repite que seguirá desplegando su política social en defensa de los más débiles mientras el Círculo de Empresarios reclama flexibilidad laboral, rebajas en el Impuesto de Sociedades, reforma de las pensiones y liberalización en la energía y en la distribución comercial.

Ya sé que son movimientos previos, pero uno tiene la impresión de que hay dos desequilibrios entrelazados. Primero, el que se produce entre sacrificios demandados a unos y a otros. Segundo, el que existe entre medidas coyunturales para abordar la crisis de ahora y medidas estructurales para permitir un nuevo ciclo de crecimiento económico cuando superemos las dificultades actuales.

Son muchos los asuntos que puedn estar encima de la mesa. Y la primera tarea es acotarlos. ¿Renovación del Pacto de Toeledo sobre pensiones sí, pero debate sobre energía nuclear no? ¿Reforma laboral sí, pero medidas contra los negocios especulativos no? ¿Rebaja del Impuesto de Sociedades sí, pero extensión de la prestación por desempleo no? Sin embargo, siendo todo esto muy importante para mejorar la competitividad de nuestra economía, la decisión más urgente a pactar está relacionada con evitar una espiral inflacionista precios-salarios que sería destructiva.

Parece evidente que si una parte de nuestra inflación rampante se debe al alza internacional del petróleo y de los alimentos, los salarios se deben ajustar alineándose con la inflación subyacente (que excluye energía y alimentos) en sus cláusulas de revisión. Pero si los trabajadores asumen así esa parte de pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del shock externo de precios, que como país estamos sufriendo, ¿cómo lo asumen el resto de agentes económicos? De la respuesta a esta pregunta dependerá, sin dudad, el éxito de nuestro modelo equilibrado de concertación y el inicio de la superación de la crisis, sobre todo después de que el gobernador del Banco de España haya reconocido que en el último año la mayor inflación española se debió al aumento de los márgenes empresariales. Pues eso.